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El Gobierno nacional lamentó hoy la decisión de Uruguay de avalar la continuidad de la empresa holandesa Boskalis sospechada de intervenir en el supuesto intento de coima en los trabajos del dragado en el Canal Martín García.



En un comunicado difundido por Cancillería, el titular de esa cartera, Héctor Timerman, se mostró en disconformidad con los alegatos atribuidos por su par uruguayo, Luis Almagro, que expresó que la exclusión de la empresa generará acciones legales en contra de ambos países .

\"Es importante que Uruguay revea su decisión o que haga públicas las razones por las cuales considera que dicha empresa no debe ser apartada de los futuros trabajos en el Canal Martín García de acuerdo a lo solicitado por nuestro país\", señaló Timerman.

El gobierno ratificó además su \"posición respecto de excluir a Riovía por las razones expuestas públicamente el viernes \".

\"Somos conscientes de la importancia estratégica para ambos países de mantener y profundizar el Canal Martín García y reafirmamos nuestra decisión de avanzar en dichas tareas una vez que la Cancillería uruguaya haya aclarado las \'dudas\' expresadas en el informe de su Tribunal de Cuentas tal como hemos indicado el día jueves\", acotó el Ministerio de Relaciones Exteriores del kirchnerismo.

El Gobierno busca desligarse

Después de dos días durante los que negó irregularidades en una licitación internacional para dragar el canal Martín García, el Gobierno anunció ayer su decisión de excluir del concurso para hacer esa obra a la empresa holandesa Boskalis, sospechada de intervenir en el supuesto intento de coima.

Con el nuevo movimiento, el Gobierno busca despegarse del escándalo, cuando crecen las evidencias de que podría haber más datos comprometedores. Ayer LA NACION reveló que en las actas que analizó el Tribunal de Cuentas uruguayo figuran referencias a \"manejos desprolijos\" de dinero por parte de los funcionarios argentinos en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), donde se tramita el dragado.

Al mismo tiempo, con la medida se podría perjudicar Uruguay, pues si la empresa deja de dragar el canal Martín García, las embarcaciones se verían obligadas a usar el canal Emilio Mitre, del lado argentino.

Las sospechas sobre la licitación son investigadas en los tribunales de Comodoro Py, por el juez federal Claudio Bonadio. El juez ya decidió que declararan como testigos ocho funcionarios uruguayos, entre ellos Almagro y el ex embajador en Buenos Aires Francisco Bustillo, quien alertó sobre el presunto intento de soborno, según consignó la auditoría del Tribunal de Cuentas.

Además, dos personas fueron formalmente imputadas por el fiscal Federico Delgado: el diplomático argentino Roberto García Moritán y el empresario Sergio Cetera, responsable comercial de Boskalis, que aspira a quedarse, a través de la firma Riovia, con un nuevo contrato para profundizar el dragado del canal.

Ellos dos y Bustillo estuvieron juntos a fines de 2010, en salones del Jockey Club de Buenos Aires. Según el diplomático uruguayo, García Moritán gestó una reunión allí para involucrarlo en una negociación para beneficiar a Boskalis. García Mortián rechazó las acusaciones, y Bustillo dijo públicamente que cuando Cetera llegó a la cita, se retiró, ante la sospecha de que podrían ofrecerle una coima.

El caso estalló cuando el embajador itinerante uruguayo Julio Baráibar (hombre al que el presidente José Mujica define como \"un hermano\") dijo que las negociaciones por el dragado estaban empañadas por un intento de coima del que había sido informado Almagro. Baráibar también fue citado por Bonadio. Renunció tras sus declaraciones, pero Mujica -que siempre intentó bajarle el tono político al caso- no le aceptó la renuncia.